Un juez condena a CatalunyaCaixa por vender participaciones preferentes a una clienta

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Girona ha condenado a Catalunya Banc --CatalunyaCaixa-- a devolver 6.000 euros por vender seis participaciones preferentes a una clienta de 1.000 euros cada una, en una sentencia pionera en Cataluña.

GIRONA, 1 (EUROPA PRESS)

La perjudicada, que hacía ocho años que trabajaba con este banco, se siente "engañada" por la entidad, ya que le hicieron creer que le vendían un producto similar a plazo fijo con intereses garantizados y liquidez inmediata cuando fue a pedir un crédito para comprar un coche.

El juez considera que concurre "mala fe" por parte de la entidad en el momento de firmar el contrato en febrero de 2010, por lo que ha declarado nulo el contrato y, además, ha obligado a Catalunya Banc a pagar las costas procesales, según la sentencia.

En su argumentación, el juez afirma que la entidad fue requerida antes de ser demandada pero que hizo caso omiso a devolver la cantidad después de que la mujer realizara diversas reclamaciones antes de acudir a los juzgados.

Según ha explicado el abogado que ha llevado el caso junto al letrado Andrés Ruiz, del despacho Blanch&Ferrer, Antoni Blanch, la "falsa información" que le dio un empleado, con quien tenía plena confianza, provocó un error en su acción que acabó viciando su consentimiento a la hora de firmar, como sostiene el juez.

LA SEGUNDA EN ESPAÑA

Se trata de la segunda sentencia en España en materia de participaciones preferentes emitidas por entidades financieras --la primera fue en el Juzgado número 1 de Cambados (Pontevedra)--, y la primera de estas características en Cataluña.

Según Blanch, la entidad demandada ha admitido los hechos y devolverá el dinero a la perjudicada, a diferencia de lo ocurrido con la sentencia estatal en la que Caixanova Galicia no reconoció su responsabilidad.

Entre 200.000 y 300.000 personas están afectadas por las participaciones preferentes en Cataluña, si bien la presente sentencia ha sido, según Blanch, un "efecto llamada" que animará a la gente a confiar de nuevo en el estamento judicial.

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