Los interventores municipales dependerán del Estado

El Gobierno pretende aumentar con esta medida la independencia del colectivo.

El País. 14.07.2012

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, informó el viernes de que los interventores y los secretarios municipales, encargados del control financiero de los Ayuntamientos volverán a depender de la Administración General del Estado. El ministro afirmó que el objetivo de la medida es aumentar la independencia, profesionalidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones, consistentes en garantizar la legalidad. El colectivo valora el anuncio, a pesar de que no concrete los cambios que se aplicarán.

Desde 2007, la competencia de la regulación sancionadora la asumen las comunidades autónomas. El problema, según explica Eulalio Ávila, presidente del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, que cuenta con unos 5.000 socios, es que solo la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia lo han hecho. El resto de comunidades se sigue rigiendo por la regulación establecida en 1987, que deja en manos de las corporaciones municipales la función disciplinaria. “No puede ser que el controlado supervise al controlador”, sostiene Ávila.

En la actualidad, los Ayuntamientos de las comunidades que no han emitido normas reguladoras tienen la potestad de sancionar las faltas leves, graves y muy graves de los interventores y secretarios municipales, que se quejan de estar sometidos a presiones políticas. “Pueden incluso suspendernos de empleo y sueldo durante tres años, por ejemplo”, comenta Ávila.

Se agrava la situación en el caso de los interinos. Y es que desde 2007 también es competencia de las autonomías la convocatoria de plazas que, muchas veces, no llegan a producirse. Los puestos de trabajo se cubren con interinos que, según denuncia Ávila, están aún más desprotegidos. “Hacen su labor lo mejor que pueden, pero sin la misma seguridad que un funcionario de carrera. Pueden ser despedidos en cualquier momento”, relata.

Por eso, Ávila considera que el régimen que han establecido en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia es más adecuado. Las competencias disciplinarias quedan repartidas entre el pleno del ayuntamiento, para las sanciones leves, y las comunidades autónomas, que imponen las graves y muy graves, incluida la máxima pena, la separación del servicio profesional.

De momento, se desconoce el contenido del anteproyecto de ley que, según anunció Montoro, fortalecerá la figura de los funcionarios con habilitación nacional, es decir, de los interventores, secretarios y tesoreros municipales. Pero Ávila espera que la reforma vaya por esa línea: “Somos partidarios de que las competencias las asuma el Estado, porque cuando se trata de ejercer control, es preferible que haya una separación”.