Asociaciones de jueces se oponen a sancionar penalmente la prostitución en carretera

Jueces para la Democracia dice que aumentaría la clandestinidad y la explotación, y Francisco de Vitoria prefiere el castigo administrativo

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Las asociaciones Jueces para la Democracia (JpD) y Francisco de Vitoria (FdV) han mostrado, en declaraciones a Europa Press, su disconformidad a la posibilidad de sancionar penalmente la prostitución ejercida en la vía pública.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha avanzado que el Gobierno "está estudiando" multar la prostitución en las carreteras y reformar el Código Penal para luchar más eficazmente contra la explotación sexual de mujeres. Ha desvelado que analiza "medidas de tipo administrativo, y penal si es el caso", para luchar contra la prostitución.

El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, José Luis de Armgengol, se ha mostrado favorable a sancionar a las prostitutas por la vía administrativa. Sin embargo, ha apuntado que la legislación ya "despenalizó" estas conductas, por lo que sería "una regresión" incluirlas en la próxima reforma del Código Penal.

"La prostitución, como tal, es un ilícito. Hay que discutir si es civil o delictivo", ha ahondado el portavoz de la asociación judicial, para recordar que algunos países de nuestro entorno castigan en su legislación a los clientes que pagan por estos servicios.

"CRIMINALIZAR" A LAS MUJERES

El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha defendido que existe "una respuesta penal suficiente" para combatir la explotación sexual de mujeres y que no se debería "criminalizar" a las meretrices.

Jueces para la Democracia ha considerado que la posibilidad de castigar penalmente a las prostitutas revela "una medida más de este Gobierno" tendente a "criminalizar la pobreza". Ha criticado que el titular de Interior "frivolice" con este asunto y lance esta propuesta basada en el "populismo punitivo".

A su juicio, el Estado debería aportar una solución de naturaleza "social" a estas situaciones ya que una respuesta penal sólo puede llevar a las mujeres a "un mayor estado de clandestinidad que acentúe la explotación".

"Es un salto cualitativo pretender castigar a las mujeres, cuando en muchos casos es más que discutible la libertad real que tienen al ejercer esta actividad", ha concluido.