El Ayuntamiento de Alicante instalará zona azul en la playa

El Ayuntamiento de Alicante tiene previsto aprobar en el pleno de este jueves una nueva ordenanza reguladora del estacionamiento de vehículos de la ciudad. La normativa entrará en vigor el 1 de enero de 2013, cuando venza el contrato con la actual adjudicataria de la ORA.

El Mundo 28.05.12

Entre las novedades destaca la posibilidad de incrementar la superficie destinada a zona azul (principalmente a las zonas de Gran Vía y playa de San Juan), algo que permitiría mejorar la recaudación por este concepto.

La nueva ordenanza también contempla la creación de una nueva zona para residentes (la zona naranja) que permitirá estacionamientos de hasta cinco días.

Las motos tendrán su propio espacio reservado para estacionar, y el tiempo de las operaciones pro carga y descarga se limitarán a media hora.

De momento la portavoz del equipo de Gobierno (PP), Marta García-Romeu, se ha limitado a señalar que la implantación se hará "de manera progresiva", sin dar más detalles. Tampoco entra a valorar si la Concejalía de Tráfico, de la que es responsable Juan Seva, incrementará las tarifas.

Durante los últimos años la gestión de Seva se ha caracterizado por dar más margen a los instrumentos recaudatorios del consistorio, muy tocado por el descenso de ingresos del 'ladrillo' y dependiente de los fondos de otras administraciones. Seva es también responsable de gestionar la hacienda municipal.

Entre estas medidas destaca la instalación de cuatro nuevos radares en la ciudad, la adquisición de un vehículo específico para recorrer la ciudad en busca de irregularidades (el llamado 'Multacar') o la aprobación de una ordenanza contra la prostitución (que persigue tanto a las prostitutas como a sus clientes) y la mendicidad.

Además, su brigada especializada contra el botellón ha impuesto más de 200.000 euros en sanciones en los primeros cuatro meses del año, lo que ha reducido a la mitad esta práctica en la ciudad. Finalmente, el nuevo plan de ajuste del Ayuntamiento incluye una medida para cobrar por todos los accesos a las viviendas desde la vía pública, hayan solicitado o no el vado permanente.