Corina Porro elude hacer declaraciones tras declarar en un juzgado vigués

La presidenta del Consejo Económico e Social (CES), Corina Porro, ha acudido este martes al Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo a prestar declaración en calidad de imputada por supuesta falsedad documental relativa a un acta de una junta de la Fundación Puerto de Vigo del 30 de abril de 2010, cuando ella era presidenta de la Autoridad Portuaria --y también de la Fundación--.

VIGO, 6 (EUROPA PRESS)

Porro, que llegó al edificio de los juzgados antes de las 10.00 horas y lo abandonó pasadas las 11.00, eludió hacer manifestaciones sobre el contenido de su declaración, limitándose a contestar que todo había ido "sin ningún problema". También evitó responder al respecto de su situación de imputada.

Aunque el contenido de la declaración de la expresidenta del Puerto de Vigo --y también exalcaldesa de la ciudad-- no ha trascendido, algunas fuentes consultadas por Europa Press apuntan a que, en su comparecencia de este martes, habría incurrido en contradicciones con respecto a la celebración o no de esa junta del 30 de abril de 2010.

En el auto de diligencias previas se cita a declarar a la presidenta del CES así como a los testigos Mario Ubiaga --quien sustituyó a Pablo Alborés en el cargo-- y José Ramón Costas Alonso --secretario de la Autoridad Portuaria de Vigo--. Asimismo, según este mismo auto, también se libró de oficio a los patronos para que informen al juzgado sobre la persona que asistió en representación de cada una de las entidades a la junta de la Fundación Puerto de Vigo celebrada el 30 de abril de 2010.

ACTA

El Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo citó a declarar a Corina Porro como imputada por una supuesta falsedad documental relativa a un acta de la Fundación Puerto de Vigo bajo su presidencia, según recoge el auto de diligencias previas emitido.

La denuncia sobre este asunto se produjo después de que el Juzgado de lo Social número 3 de Vigo considerase que el exdirector de la Fundación Puerto de Vigo Pablo Alborés dimitió de su cargo y que dicha dimisión fue aceptada en una reunión del patronato de este organismo el 30 de abril de 2010. De esa forma, en septiembre del pasado año se desestimó su petición para que se reconozca un despido improcedente --lo que conllevaría una indemnización de 570.000 euros--.

Pablo Alborés recurrió esta sentencia ante Tribunal Superior de Justicia de Galicia, si bien el TSXG ratificó recientemente la resolución del juzgado vigués de lo Social. Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo abrió diligencias una denuncia en la que Alborés formulaba que el acta de la junta de la fundación --del 30 de abril de 2010-- habría sido, supuestamente, manipulada.