Ruiz-Gallardón pone plazos a su reforma y afirma que los abogados de oficio se pagarán con las tasas judiciales

Los condenados a prisión permanente revisable serán sometidos a "test de reinserción" para facilitar esta posibilidad

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado este lunes en el Senado que su departamento tiene casi a punto la revisión de las tasas judiciales de modo que la recaudación de los depósitos, ya vigentes desde 2009, se destinará a los diferentes proyectos de modernización de la justicia mientras que las tasas de nueva creación serán para pagar la justicia gratuita.

Según Ruiz-Gallardón, que hizo estas manifestaciones durante su comparecencia en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, la propia doctrina del Tribunal Constitucional ha establecido recientemente que las tasas judiciales "no conculcan el derecho a la tutela judicial efectiva", por lo que la aprobación de un nuevo sistema en este sentido no presenta problema alguno. De este modo, las tasas servirán para cubrir los costes derivados de los litigios de quienes carecen de recursos.

A lo largo de su intervención, el titular de Justicia puso fecha a algunas de las reformas ya anunciadas hace unas semanas durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, y fijó en el próximo otoño la mayoría de los anteproyectos.

Así, señaló para el próximo mes de octubre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que contemplará, entre otras medidas, un cambio para que los 12 miembros del Consejo Judicial del Poder Judicial (LOPJ) sean elegidos por los propios jueces. De este modo, el nuevo modo de elegir a los vocales podrá aplicarse en la nueva renovación, que debe producirse en 2013.

Ruiz-Gallardón también se ha comprometido a tener redactado el Estatuto de la Víctima y de la Ley del Menor para el próximo mes de junio; así como un nuevo texto de Ley de Enjuiciamiento Criminal para "la vuelta del verano". También para el otoño fijó el proyecto de nuevo Código Mercantil y de los primeros borradores de la Ley de Demarcación y Planta, La Ley de Jurisdicción Voluntaria y Ley del Aborto

El ministro señaló la importancia del "consenso" para la consecución de todas estas reformas, y señaló que desde que comenzó su mandato ha venido celebrando reuniones tanto con el Poder Judicial como con los responsables autonómicos de Justicia y los representantes de los operadores jurídicos.

DE LA REFLEXIÓN A LA ACCIÓN

"Los objetivos de mis predecesores no son muy diferentes a los míos, a excepción de la situación de se podría decir emergencia nacional por la crisis", ha apuntado Ruiz-Gallardón, para añadir que el elemento diferencial será el de la ejecución de la reforma, "porque ha llegado el momento de pasar de la reflexión a la acción".

Sobre la reforma de la LOPJ para cambiar el sistema de elección de los vocales, el ministro ha recordado que ya en 1986 el Tribunal Constitucional señaló que "es preciso mantener lejos de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder", como es el propio órgano de gobierno de los jueces. "Los partidos debemos renunciar al monopolio asfixiante en todos los ámbitos", ha puntualizado.

Lo que Ruiz-Gallardón denominó "programa de regeneración institucional" se completará con reformas en las competencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Respecto del primero, se introducirán mejoras "de orden técnico procesal" para agilizar su labor, mientras que se creará el recurso previo de constitucionalidad en el tribunal de garantías, aunque exclusivamente para las reformas estatutarias.

Además, apuntó que la congestión existente en los juzgados y el retraso en la ejecución de las sentencia "son algo más grave que simples contratiempos, porque están detrás del cierre de empresas, la pérdida de empleos y retraimiento de la inversión".

Para hacer frente a esta situación, anunció la presentación en el tercer trimestre de este año de un nuevo Código Mercantil, que unifique la legislación vigente en materia de comercio, patentes, defensa de la competencia, mercado de valores, publicidad, contrato de seguros, defensa de los consumidores.

Otros cambios irán dirigidos a suprimir la exención de abogado y procurador prevista para los funcionarios que realicen reclamaciones en defensa de sus intereses, equiparándolos así al resto de ciudadanos, según ha anunciado el ministro. También se trabajará, y ya se está haciendo con el CGPJ, en la consecución de una plataforma informática que sirva en todo el Estado, para evitar que los datos judiciales sigan repartidos en ocho sistemas distintos.

"NO PODEMOS SEGUIR PONIENDO PARCHES"

En cuanto a las reformas legislativas, Ruiz-Gallardón se ha referido a la Ley de Demarcación y Planta Judicial como "piedra angular del proceso de transformación", cuyo objetivo será el de adecuar la organización judicial a la realidad social actual.

Igualmente, el titular de Justicia destacó la importancia de elaborar una nueva la ley de Enjuiciamiento Criminal, teniendo en cuenta que el orden penal acumula el 70 por ciento de la litigiosidad en España.

Esta reforma, al igual que ha adelantado el ministro en comparecencias anteriores, afectará al secreto de sumario y al papel de la policía judicial, y se revisarán también los requisitos para acceder a los recursos de reforma y casación.

Sobre el Estatuto de la Víctima, ha adelantado que esta norma, que espera tener lista antes del verano, introducirá nuevas garantías para los afectados por cualquier delito pero en especial los del terrorismo "poniendo fin al casi completo abandono en el ámbito normativo". Las víctimas podrán personarse en todas las fases del procedimiento, conocer el paradero y situación del autor del delito y pronunciarse sobre sus posibles beneficios penitenciarios.

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

En cuanto a la reforma del Código Penal, el ministro ha adelantado que la prisión permanente revisable quedará configurada como una medida "reservada a supuestos muy restringidos" y ha adelantado que la posible rehabilitación del reo se estudiará mediante un "test de reinserción" cuyo resultado ofrecerá al tribunal información sobre su capacidad de readaptación a la sociedad.

Finalmente, y sobre los estudiantes de Derecho, el ministro de Justicia ha recordado que el Consejo de Ministros ha aprobado un Decreto Ley para que a los estudiantes que ya completaron sus estudios no se les exijan títulos adiciones para colegiarse. Además, los alumnos matriculados después de la publicación de la Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador serán exonerados de cursos de formación aunque podrán realizar practicas externas.