Bravo (CGPJ) reclama mayor una financiación para la Justicia que evite la fuga de inversión extranjera

La portavoz cree que si no se modifica el modelo, la inyección de recursos no será más que "derroche"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) , Gabriela Bravo, ha reclamado este martes "más financiación" para que la Administración de Justicia pueda "hacer frente a la complicada realidad económica" y evite, entre otras consecuencias negativas, la pérdida de inversiones por parte de multinacionales extranjeras.

Así lo ha manifestado Bravo durante su intervención en la Tertulia Económica del Foro AragonEx, organizada por el Gobierno de Aragón, al que han asistido esta mañana numerosos empresarios de dicha región y representantes del mundo de la judicatura como el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala; el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa; numerosos vocales de este órgano y el ex ministro del Interior Antonio Camacho.

Ha recordado que, hace menos de un mes, el máximo responsable de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Jaime Matel, alertó por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del riesgo de que numerosas multinacionales optasen por buscar otros países para invertir, debido al "acelerado deterioro de los indicadores de la economía española".

Entre los factores que dificultan el desarrollo empresarial, según el responsable de dicha Cámara, cuyos asociados facturan en España unos 280.000 millones de euros anuales, según Bravo, estarían la existencia de un marco regulatorio que les genera excesivos costes y un sistema judicial que consideran lento e ineficiente.

Así, la portavoz ha señalado que "no hay salida a la crisis si no se apoya en un sistema judicial que proporcione la seguridad jurídica necesaria", y este momento de arranque de legislatura es el "idóneo" para reafirmar que la reforma de la Justicia "es inaplazable" y ha de ser una prioridad.

"Estamos obligados a postergar otros debates menores porque no son prioritarios, porque pueden distraernos de la meta principal y hacernos desperdiciar los esfuerzos que necesitamos para alcanzarla", ha señalado Bravo, para añadir que la lentitud de la justicia "es un problema antiguo" que se ha agravado recientemente.

SUPERAR MODELO ARCAICO

Bravo ha manifestado que no ignora el esfuerzo realizado hasta ahora por los poderes públicos, si bien considera que se ha destinado a un modelo, el actual, "que es arcaico y atomizado, y cuya organización ya no satisface a nadie", además de ser "económicamente insostenible".

"Inyectar recursos económicos en un modelo tan ineficaz como el vigente es derrochar o desinvertir", a juicio de la portavoz, que ha reclamado la superación de la actual Ley de Demarcación de Planta, aprobada "sobre un dibujo realizado por Eugenio Monerio Ríos en 1897" que no responde a la actual situación socio-demográfica.

Además de una nueva organización de los juzgados, la portavoz del Poder Judicial ha reclamado una profunda reflexión sobre la capacidad de actuación del Ministerio Fiscal y un nuevo modelo penal "que regule en clave constitucional la obtención de la prueba y el secreto de las actuaciones", así como reformas en las jurisdicciones civil, Contencioso-Administrativa y Social.

Otra vía a seguir es la de "encauzar el desmedido afán para que todo asunto sea conocido por un juez", según Bravo, lo que no significa defender la desjudicialización sin más ni tampoco "la privatización de la Justicia o la imposición de tasas disuasorias", sino la necesidad de fomentar la mediación, el arbitraje y la conciliación.

Así se lo ha trasladado el CGPJ al Gobierno el pasado mes de enero, ha recordado Bravo, para añadir que las citadas reformas legislativas son "imprescindibles para mejorar el funcionamiento de los juzgados" y a la vez "compatibles" con el contexto económico.

JUEZ "POLÍTICO"

Por otro lado, Bravo ha señalado en su discurso que los jueces han de basar sus sentencias en el Ordenamiento "incluso en los supuestos de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley", lo que constituye el paso "del juez legal, al juez constitucional, algo que muchos investigadores identifican con la transición de un juez funcionario a un juez político entendido el término en su acepción más académica".

"Es cierto, y lo afirmo sin ningún rubor -ha manifestado. Una vez aprobada la Constitución, el Poder Judicial adquiere un papel esencial porque irrumpe en la vida política y social española de forma significativa, pero lo hace en cumplimiento estricto de su función tutelar sobre los derechos de los ciudadanos y de control de los gobernantes.