La familia Ruiz-Mateos traspasó parte del negocio de Nueva Rumasa a paraísos fiscales en 2009

La dueños de Nueva Rumasa utilizaron una treintena de testaferros para administrar sus 149 sociedades

MADRID 23 (EUROPA PRESS)

La familia Ruiz-Mateos emprendió en 2009 un proceso de traspaso de parte del negocio de las empresas españolas a sociedades radicadas en paraísos fiscales para evitar la expropiación de Nueva Rumasa, como la ocurrida en 1983 de la que este jueves se cumplen 29 años, según se desprende del informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) al que tuvo acceso Europa Press.

Con este objetivo, los propietarios de holding de la abeja también utilizaron a 27 testaferros para ponerlos al frente de las 149 sociedades, tanto patrimoniales como pertenecientes al grupo Nueva Rumasa, en España y nueve países extranjeros, según se desprende del informe.

Los investigadores de la Policía Nacional y la Guardia Civil sitúan a Alfonso Barón Rivero, sobrino de Teresa Rivero Alfonso, como el responsable de la estructura societaria de Nueva Rumasa en el extranjero. Barón declarará el próximo 29 de febrero como imputado ante la Audiencia Nacional.

De la documentación incautada por la Udef se desprende que los Ruiz-Mateos traspasaron la propiedad de las empresas españolas a sociedades radicadas en Belice, Antillas Holandesas, Islas Vírgenes, Panamá, Suiza, Holanda, USA, Andorra y Chile.

Entre las operaciones destaca el proceso por el cual en 2009 los Ruiz-Mateos traspasaron hasta 7,75 millones de participaciones sociales de Clesa SL y varias de otras sociedades españolas a la sociedad Alinda Finance BV, radicada en Holanda y que en 2007 era propiedad de los seis hijos varones de Ruiz-Mateos.

En dicho año, la dirección general de Alinda Finance BV pasó a manos de la sociedad holandesa RCS Management y contaba con un balance de 52,7 millones de euros y el 100% de su capital social era titularidad de Zoilo Ruiz-Mateos, según el informe.

A partir de entonces, Alinda Finance BV, bajo el apoderamiento de Barón, adquirió en primer lugar 3.010 participaciones sociales de Clesa, cuya titularidad al 50% eran de Alfonso y José María Ruiz-Mateos Rivero, por un importe de 6.382 euros.

Posteriormente, José María y Álvaro Ruiz-Mateos vendieron parte de sus acciones en Clesa a esta sociedad holandesa, que se hizo también con participaciones de las sociedades José María Ruiz-Mateos S.A. y de Zoilo Ruiz-Marteos S.A. propiedad de Zoilo y Patricia Ruiz-Marteos.

Finalmente, Alinda Finance BV, apoderada ya por el sobrino y principal testaferro de los Ruiz-Mateos, Zoilo Pazos, donó los, 7,75 millones de acciones de Clesa a la fundación holandesa Stichting Asamur, apoderada por Barón, valorando la donación en 3,1 millones de euros.

EMPLEADOS DE NUEVA RUMASA COMO TESTAFERROS.

En la lista que incluye los 27 nombres de las personas que actuaron como testaferros, se encuentran el director del Rayo Vallecano hasta su venta el pasado mes de mayo, Jesús Fraile Delgado, así como los empleados de Nueva Rumasa, Susana Álvarez Ampuero y Rufino Martín-Maestro García. Los tres están citados a declarar como testigos el próximo 1 de marzo ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

A pesar de que la mayoría de los testaferros eran empleados del holding de la abeja, en la lista también figuran varios familiares de los Ruiz-Mateos como Zoilo Pazos, sobrino del matrimonio Ruiz-Mateos y administrador único de Bardajera, sociedad que actuaba como "hucha" de Nueva Rumasa y que llegó a recibir 673 millones de euros del resto de sociedades.

Entre el tipo de actividad que desarrollaban las sociedades, el informe distingue que algunas eran "meras" titulares de las propiedades inmobiliarias, otras se dedicaban a la "comercialización" de algún productos, otras ostentaban la propiedad de las marcas y otras a la explotación de "alguna sociedad".

En su auto del pasado 15 de febrero, Ruz levantó parte del secreto de sumario de la causa que investiga a José María Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, siete de sus hijos, y otras seis personas más por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible y falsedad documental en la venta de pagarés a los inversores.

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