Ruiz-Gallardón visitará la próxima semana el Supremo y se reunirá con la AVT y con el presidente de la CEOE

Asistirá a la toma de posesión del próximo fiscal general Torres-Dulce y recibirá al presidente del Notariado y al conseller de Baleares

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afronta la próxima semana con una agenda 'cargada' de citas, entre las que realizará la primera visita institucional al Tribunal Supremo y recibirá a víctimas de ETA y al presidente de la CEOE, Joan Rosell, según informaron a Europa Press fuentes de su departamento.

El titular de Justicia estrenará la semana con su primera visita oficial a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, en la que estará acompañado por su 'número dos' Fernando Román y por el subsecretario de Justicia, Juan Bravo.

Poco antes, Ruiz-Gallardón estará presente en la ceremonia que tendrá lugar, a las 11.00 horas, en el Palacio la Zarzuela en la que Eduardo Torres-Dulce jurará su cargo como próximo fiscal general del Estado ante el Rey.

El ministro asistirá también a la toma de posesión de Torres-Dulce en el Supremo, con la que éste iniciará su primer mandato al frente del Ministerio Público. El Parlamento ya valoró la idoneidad del próximo fiscal general tras su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

El martes será cuando el ministro reciba a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, en la sede de su Ministerio. A este encuentro proseguirá otro con el presidente del Consejo General del Notariado, Manuel López Pardiñas.

Durante su comparecencia en la primera Comisión de Justicia del Congreso de la X Legislatura, Ruiz-Gallardón ahondó en su intención de crear un Estatuto de la Víctima para garantizar sus derechos. Entre ellos, el texto velará por que los afectados estén informados sobre la tramitación de su causa y tengan la posibilidad de personarse en todas las fases del procedimiento, incluido el de ejecución.

En materia de terrorismo, el ministro también recordó que la amnistía "no cabe" en la Constitución, que los indultos generales están prohibidos y que la concesión de beneficios penitenciarios a presos etarras está condicionada a la petición de perdón, la reparación del daño y la opinión de la víctima.

Además, confió en que la 'doctrina Parot' se convierta "en definitiva" ante los recursos que tiene pendientes sobre este asunto el Tribunal Constitucional. Esta doctrina establece que el cómputo de las redenciones que se aplican a un penado debe realizarse sobre el total de las condenas y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años.

La agenda del titular de Justicia también contempla un encuentro con el presidente de la CEOE Juan Rosell en el Ministerio con el que hablará sobre el volumen de litigiosidad y los conflictos relacionados con las empresas. Además, Ruiz-Gallardón se verá con el conseller de Administraciones Públicas de Baleares, Simón Gornés.

VISITA AL CGPJ

Por otra parte, el ministro se reunirá el próximo 7 de febrero con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, en la que será su primera visita institucional al órgano de gobierno de los jueces, según informaron fuentes de esta institución.

Ruiz-Gallardón ya reveló su intención de reformar el sistema de elección de sus vocales para que 12 de sus 20 integrantes sean elegidos "por y entre" jueces y magistrados.

Además, el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, se reunirá el 6 de febrero con la asociación SOS Niños Robados mientras que el día 13 del mismo mes mantendrá un encuentro con Anadir.

Sobre esta cuestión, Ruiz-Gallardón se comprometió a prestar "especial atención" y "ayuda" a los afectados por las tramas de bebés robados y anunció su intención de designar a un interlocutor para mantener vías de comunicación con este colectivo.

Durante su comparecencia en la Cámara Baja, el próximo fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, también mostró este miércoles su sensibilidad ante esta causa.

Precisamente, familiares de niños robados durante el franquismo y los primeros años de la democracia entregarán este viernes cerca de 80.000 firmas a la Fiscalía General del Estado para denunciar el archivo de sus demandas y reclamar el impulso de las investigaciones.