El Colegio de Abogados de Valencia suspenderá en febrero varios servicios ante los impagos de la Generalitat

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav) ha acordado, ante los recortes e impagos del Consejo valenciano, suspender en el mes de febrero --y sin perjuicio de prórroga-- el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) del Registro Civil, el de Dependencia y el Penitenciario, entre otros, según ha podido saber Europa Press.

VALENCIA, 26 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno celebró este miércoles una reunión para tratar el tema de los impagos de las retribuciones de los abogados del turno de oficio ya devengadas desde abril de 2011 y la imposición de un recorte de más del 30 por ciento en los baremos retributivos para el año 2012.

Para hacer frente a estos asuntos, la junta acordó, por unanimidad, una batería de medidas. Entre ellas, destaca la suspensión del Servicio de Orientación Jurídica del Registro Civil de Valencia; del de Dependencia; del Penitenciario; y el Servicio 'Cárcel' prestado en el Centro Penitenciario de Picassent.

Además, mantendrá la suspensión del Servicio de Orientación Jurídica de Inmigración (SOJI), acordada el 1 de enero de 2012, ante el impago de la retribución correspondiente a todo el ejercicio anterior.

Junto a ello, la Junta ha acordado que dos abogados presten el Servicio del SOJ en la Ciudad de la Justicia de Valencia únicamente de lunes a jueves; y que los letrados del turno de extranjería de guardia dejen de acudir los martes y jueves por la mañana a la cárcel de Picassent para atender los supuestos de incoaciones de procedimiento sancionador.

Además, el Colegio suspenderá los servicios de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) que no son objeto de convenio con Ayuntamientos; y durante la prestación de los Servicios de Guardia, todas las llamadas se realizarán directamente al Coordinador, que se encargará de distribuir las asistencias entre los abogados de guardia. Para ello se suprimirán de los listados de guardia los números de teléfono de los compañeros que se encuentren de servicio, y será únicamente el Coordinador el que tendrá acceso a dichos números.

La Junta también ha acordado que el Servicio de Guardia-Asistencia al detenido quede en suspenso los martes, desde las 10 hasta las 14 horas, excepto para aquellas asistencias que por su carácter grave o urgente --a juicio del Coordinador-- deban prestarse en ese intervalo.

Asimismo, los abogados que asistan a detenidos en los Centros de Detención exigirán entrevistarse con el detenido en una dependencia que salvaguarde el secreto de las comunicaciones entre el abogado y el detenido; y los letrados que intervengan en actos judiciales en los que la ley exija la presencia del juez y del secretario judicial, deberán solicitarla, y si no fuere posible, pedirán la suspensión o el aplazamiento del acto.

La Junta también estableció que mientras la Comisión de Justicia Gratuita no reconozca al justiciable el derecho a la asistencia jurídica gratuita, no se realizará la designación del abogado de oficio, ni siquiera con carácter provisional, salvo casos excepcionales previstos en la normativa.

MANIFESTACIÓN

Los miembros de la Junta también aprovecharon el encuentro para instar a todos los abogados del Icav a participar en la manifestación-concentración ante el Palau de la Genearalitat convocada por el Consejo Valenciano del Colegio de Abogados (CVCA) para el viernes 3 de febrero a las 12.30 horas.

El objetivo de este acto es denunciar el impago de las retribuciones correspondientes a los abogados del turno de oficio por los servicios prestados a partir del 1 de abril de 2011; rechazar la Orden de la Consejería de Justicia que ha impuesto un recorte superior al 30 por ciento de los baremos congelados desde el año 2005; y censurar la conducta y las declaraciones del consejero de Justicia, del secretario autonómico y del director general de Justicia.

Asimismo, el Icav ha decidido adherirse al recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Consejo Autonómico de Colegios de Abogados de la Comunitat Valenciana contra la Orden 2/2012 de 17 de enero de la Consejería de Justicia y Bienestar Social, que modifica el Baremo aprobado en 2005, instando a dicho Consejo Autonómico a que, en todo caso, solicite como medida cautelar la suspensión de esa Orden 2/2012 mientras se sustancia el recurso.