La CNMC fija la lucha contra los cárteles en licitaciones públicas como prioridad en 2019

 07/06/2019
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El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha asegurado que la lucha contra los cárteles en los procesos de licitación pública seguirá siendo una prioridad para la CNMC en el año 2019

expansion.com 06.06.2019

Así lo ha avanzado en la mesa redonda organizada por el despacho de abogados Herbert Smith Freehills, durante la que se abordaron cuestiones como el Plan de Actuación de la CNMC para el año 2019, la reforma de la Ley 15/2007, la actualización de la Guía sobre Contratación Pública y Competencia, o la reciente activación de la prohibición de contratar con la Administración Pública.

El presidente de la CNMC ha abordado la problemática sobre la compatibilidad de la constitución de las UTEs para que varias empresas acudan conjuntamente a un proceso de licitación pública con las normas de competencia. A este respecto, ha asegurado que "no existe ningún problema por el hecho de que varias empresas consideren que deben concurrir conjuntamente por aunar sinergias", aunque ha matizado que estas sinergias "tienen que ser necesarias porque si se trata de empresas competidoras que podrían acudir solas a la licitación y no lo hacen sin justificación alguna, estamos ante un claro reparto de mercado".

En este sentido, Marín Quemada ha señalado que "son casos que vemos cada día desde la Comisión", y ha indicado que "diferenciar las UTEs ficticias que tratan de manipular la competencia de las que no lo son, es bastante fácil en la práctica".

El presidente de la CNMC también ha avanzado que entre los retos a los que se enfrenta el organismo para este año 2019 está el de "dar prioridad a la vigilancia y supervisión de los nuevos modelos de negocio en el ámbito de la economía digital y las plataformas de comercio electrónico que ocupan cada vez un lugar más importante en el mercado".

Igualmente, ha adelantado que la Comisión tratará de elevar el límite de 60.000 euros de multa a los directivos sancionados por incumplir normas de competencia, en tanto que, once años después de la promulgación de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia "se ha quedado obsoleta para atender al objetivo disuasorio que persigue".

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