El Jurídic bloquea la aplicación del requisito lingüístico reivindicado por Compromís

 23/05/2019
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La aplicación del requisito lingüístico exigido por Compromís tendrá que esperar. El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJC) ha formulado varias observaciones esenciales al anteproyecto de Ley de la Función Pública Valenciana que le fue remitido por la Conselleria de Administraciones Públicas en febrero, poco antes de que finalizara la legislatura.

Lasprovincias.es – R.V.- 23.05.19

El Jurídic no puede ser más claro y presenta varias observaciones esenciales que aunque no tienen carácter vinculante sí que advierten de que se puede estar vulnerando la legalidad.

El anteproyecto de ley establece en la disposición final tercera que en un plazo de seis meses desde su entrada en vigor el Consell aprobará la disposición reglamentaria par regular la acreditación del nivel de conocimiento del valenciano de los empleados públicos.

El CJC considera que el requisito se debe exigir proporcionalmente a las necesidades de cada puesto

En la disposición final cuarta se indica que si un año después de la entrada en vigor de la ley no se ha aprobado ese reglamento, el nivel de valenciano exigible para el acceso al empleo público será del C1 para los grupos A1, A2 y B, el B2, para el C1 y el B1 para el C2, mientras que para las agrupaciones profesionales funcionariables será el A2.

El órgano consultivo advierte de que mientras en la primera disposición se da seis meses de plazo para aprobar el reglamento, en la siguiente <<se permite un posible incumplimiento por parte del Consell de su obligación>> posibilitando un plazo de un año para la aprobación del reglamento, lo que <<provoca una incoherencia y contradicción jurídica entre los citados apartados>>. Por ello, estima que deben unificarse los plazos.

El dictamen señala que ese plazo de un año <<puede descartar la posibilidad de que el Consell, con posterioridad a dicho plazo y tras la aplicación de la previsión legal, pueda aprobar ningún reglamento que contradiga los niveles de exigencia establecidos supletoriamente en el texto>>. Así, sería un plazo de caducidad de la facultad de desarrollo reglamentario atribuida al Ejecutivo, lo que <<debería clarificarse>>.

El escrito del Consell Jurídic Consultiu incide en que debería vincularse con el artículo que habla del requisito de acceso y que se refiere a la acreditación <<de la competencia lingüística en el conocimiento del valenciano que se determine reglamentariamente, respetando el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes>>. Con ello se pretende evitar que se dé paso a una <<aplicación automática>> de la necesidad de conocer esta lengua, sino que esté sujeta <<al principio de proporcionalidad y adecuación>> al puesto.

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