El Gobierno vasco establece cláusulas en los contratos públicos contra la brecha salarial

 06/03/2019
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Objetivo: acabar con la brecha salarial en la Comunidad Autónoma Vasca. El Consejo de Gobierno dio ayer un paso más para terminar con las diferencias en los sueldos entre las mujeres y los hombres. Con este fin aprobó una instrucción para la inclusión de cláusulas en favor de la igualdad retributiva en la contratación pública vasca. La meta es que Euskadi se sitúe en 2030 entre los cinco países europeos con menor brecha salarial.

Noticiasdegipuzkoa.es – R. Gabilondo - 06.03.19

El ámbito en el que se aplicará esta instrucción es el de todo el sector público de la CAV, incluyendo la propia Administración, y afectará a todos los contratos tanto de obras, suministros como de servicios. Así, se establecerá la “obligación contractual de evitar la existencia de discriminación retributiva” por cuestión de género, explicó el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu.

De esta manera, los órganos de contratación incorporarán en los pliegos criterios de adjudicación para la igualdad de mujeres y hombres, cuya ponderación será de, al menos, el 5% del total del baremo. En este sentido, uno de los criterios que se valorará será el de garantizar el 50% de mujeres en puestos de responsabilidad, gerencia o cualificados durante todo el tiempo que dure el contrato y que se empleen mujeres “en todas las nuevas contrataciones” que realice la empresa para cumplir con la prestación del convenio público.

Otro de los puntos más importantes aprobados ayer por el Consejo de Gobierno encaminados a la adopción de políticas de igualdad es la contratación de mujeres en situación de desventaja social. En este sentido, sumará puntos que se emplee a mujeres con una discapacidad igual o superior al 33% y a víctimas de violencia machista, así como a perceptoras de renta de garantía de ingresos o de renta mínima de inserción o con dificultades de acceso al mercado laboral.

Según esta instrucción que guiará la contratación pública vasca, se tendrá en cuenta que la plantilla de trabajadores se forme en igualdad, unos estudios que deberán estar certificados por un organismo oficial o autorizado. En este sentido, se valorará que las empresas tengan entre sus empleados un número de personas con formación mínima de, al menos, 150 horas en materia de igualdad.

También se tendrá en cuenta que las adjudicatarias cuenten con un protocolo para prevenir y para hacer frente al acoso sexual por razón de género en el ámbito laboral. Además, sumará puntos que las empresas establezcan medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar para las plantillas que ejecuten el contrato público, siempre que mejoren las ya existentes. En este sentido, se valorarán medidas tales como la flexibilización de la jornada u horario de trabajo, sistemas de teletrabajo, servicios de apoyo a la conciliación que faciliten la atención de menores y también de personas dependientes, cheques servicio, comedores, guarderías o centros de día y ludotecas.

Mejoras laborales

Cuando el Gobierno Vasco contrate a una empresa también apreciará que ésta introduzca mejoras en las condiciones laborales y salariales que superen lo dispuesto en el Estatuto de Trabajadores, en el convenio colectivo sensorial y territorial o en el propio de empresa. Puntuará asimismo que las adjudicatarias conviertan los contratos temporales en indefinidos y los de tiempo parcial en jornada completa.

El propósito de esta instrucción es que los pliegos de condiciones administrativas particulares de los contratos públicos establezcan “de manera preceptiva el deber de las empresas adjudicatarias de evitar la existencia de discriminación retributiva entre mujeres y hombres”, defendió Azpiazu. Por ello, dicha cláusula se materializará en la formalización del contrato.

No obstante, el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, subrayó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que estos casos de discriminación salarial ya están perseguidos por ley y es la Inspección de Trabajo la que los investiga y sanciona.

La instrucción que salió adelante ayer también contempla que en los contratos que superen los 120.000 euros las concesionarias tendrán que remitir anualmente la declaración responsable con la relación nominal desagregada por sexo de las personas contratadas, indicando su categoría profesional y el salario base más los complementos de cada una de ellas. También se deberá enviar el Informe de Trabajadores en Alta (ITA) y el Informe de Datos de Cotización (IDC) de la empresa contratista.

Criterios

Desventaja social. Puntuará la contratación de mujeres que estén en situación de desventaja social, como las víctimas de violencia de género o las que sufran una discapacidad igual o superior al 33%.

Puestos de mando. También se valorará que las adjudicatarias garanticen el 50% de mujeres en puestos de responsabilidad, gerencia o cualificados durante toda la prestación del contrato.

Conciliación. Se tendrá en cuenta que se establezcan medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar para la plantilla de trabajadores.

Discriminación. Los pliegos de las cláusulas administrativas particulares de los contratos públicos deberán establecer el deber de evitar la existencia de discriminación retributiva.

El Dato

2030

La estrategia encaminada a la igualdad salarial entre hombres y mujeres se fija como meta que Euskadi se sitúe para el año 2030 entre los cinco países europeos con menor brecha salarial.

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