El 70% de los concellos no tramita de forma electrónica sus contratos como marca la ley

 16/01/2019
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Siete de cada diez concellos gallegos confiesan que incumplen la Ley de Contratos del Sector Público, que acaba de cumplir un año, al no tramitar de forma electrónica todos los contratos que firma. La nueva norma obliga a la tramitación electrónica y no hacerlo supone automáticamente la anulación del contrato, si alguien recurre la adjudicación. Solo siete de cada cien ayuntamientos apuestan por la vía telemática en todos sus contratos, como es preceptivo.

Laopinioncoruna.es – Irene Bascoy – 16.01.19

Otro incumplimiento de la ley que admiten los municipios es la no adopción de medidas para luchar contra la corrupción y prevenir los conflictos de interés a la hora de contratar servicios y obras. Tres de cada diez no han impulsado ninguna medida, y otros tantos solo han puesto en marcha unas pocas medidas. Solo el 12% apunta que se ha puesto a la faena y con ganas, y otro tanto, que ha actuado "bastante".

Estos datos fueron presentados ayer por Red Localis, una red de profesores e investigadores de las universidades gallegas que profundiza en la gestión del municipalismo. Unos 60 concellos en Galicia de forma unánime se posicionaron sobre la Ley de Contratos del Sector Público, y la valoración es negativa. La mitad no la considera una oportunidad, más bien la tilda de "fuente de molestias y disfunciones". Y siete de cada diez municipios sostienen que la norma no se adecua a la realidad y necesidades de la administración local.

A la vista de los resultados de la encuesta, Red Localis plantea una serie de propuestas para mejorar el cumplimiento de la norma. Potenciar el papel de las diputaciones para que ayuden sobre todo a los ayuntamientos más pequeños a cumplir las exigencias de la norma es una de las recomendaciones de Red Localis. También aboga por la "profesionalización de la contratación pública" y por redactar pliegos tipo y documentos técnicos para ayudar a los concellos a cumplir con la ley, y sobre todo incorporar los criterios sociales, medioambientales y de innovación que fija la nueva norma para los contratos.

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