Los empleados públicos de Castilla-La Mancha recuperan desde el 1 de enero la jornada laboral de 35 horas semanales

 02/01/2019
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Los más de 70.000 empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha recuperan a partir del 1 de enero la jornada laboral de 35 horas semanales. Así, el Gobierno de Emiliano García-Page suprime la jornada de 37,5 horas semanales aplicada a todos los empleados públicos de la Administración regional desde la anterior legislatura.

Eldigitaldealbacete.com 30.12.18

Ya entre enero y mayo de 2016 el Ejecutivo regional recuperó la jornada de 35 horas semanales, que tuvo que ser suspendida por una sentencia del Tribunal Constitucional, tras un recurso de inconstitucionalidad presentado por el entonces Gobierno de España en funciones.

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El Gobierno de Castilla-La Mancha decidió, a pesar de esta suspensión, mantener en sus puestos a todos los trabajadores que había contratado para poder poner en marcha esta jornada laboral.

Ahora los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 posibilitan la recuperación de esta jornada laboral, por lo que desde el 1 de enero se volverá a implantar en Castilla-La Mancha, gracias a una ley aprobada por unanimidad en las Cortes regionales el pasado 20 de diciembre.

Esta medida supone una mejora significativa en las condiciones de trabajo de los empleados públicos, así como un impulso a la conciliación de su vida personal, familiar y laboral, a la vez que permitirá mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía.

La restitución de la jornada de 35 horas semanales es uno de los compromisos adquiridos por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con los empleados públicos para recuperar los derechos laborales y retributivos que perdieron en la anterior legislatura.

Además de la recuperación de la jornada de 35 horas semanales, la restitución de estos derechos ha supuesto, entre otras medidas, la devolución de la totalidad de la paga extra suprimida en 2012 o la recuperación de la totalidad del 3 por ciento de las retribuciones que fueron suprimidas en ese mismo ejercicio.

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