El TSJ obliga a cinco firmas públicas a difundir sus plantillas y los salarios

 10/01/2017
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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha obligado a cinco empresas del sector público de la Generalitat Valenciana a difundir, en el plazo máximo de dos meses, el número de trabajadores en plantilla, los requisitos para acceder a cada puesto de trabajo y la retribución económica de todos sus empleados.

Elmundo.es – F.A. – 10.01.17

En un fallo que se notificó ayer a las partes, los magistrados de la Sala de lo Social apremian al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), a Culturarts, al Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), a la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) y a Vaersa a publicar sus respectivas relaciones de puestos de trabajo. Es decir, los documentos técnicos que recogen la ordenación del personal en nómina.

El Tribunal ha estimado así la principal reclamación de la Federación de Servicios Públicos de UGT en la Comunidad (UGT-PV), que el pasado otoño interpuso una demanda de conflicto colectivo para forzar a la Administración valenciana a poner orden en sus empresas públicas y arrojar luz sobre los sistemas de contratación de personal.

Contra este fallo, la Abogacía de la Generalitat dispone de cinco días para presentar un recurso de casación. De lo contrario, la resolución será firme y el reloj comenzará a contar para el Ejecutivo presidido por el socialista Ximo Puig. UGT amenaza con exigir la ejecución de sentencia si no se publican las relaciones en dos meses.

Desde la Federación de Servicios Públicos de UGT-PV, su secretario general, Luis Lozano, se congratuló de una resolución judicial que insta a una mayor transparencia. <<Conocer cuántos trabajadores están en nómina, qué es lo hacen y qué méritos acreditaron para ser contratados resulta imprescindible para ordenar el sector público>>, subrayó el dirigente sindical, que no oculta sus sospechas en torno a la composición de las actuales plantillas y a posibles irregularidades en las retribuciones. <<Creemos que hay departamentos donde no se está cobrando lo que se corresponde con el trabajo realizado>>, señaló en referencia a posibles enchufados en la Administración.

La central sindical cuestiona que el Gobierno bipartito -PSOE y Compromís- no haya sabido acabar con los agujeros negros que rodean al sector público valenciano desde la etapa anterior del PP. De hecho, altos cargos contratados por los populares continúan trabajando en las mismas empresas públicas que dirigían hace sólo unos meses, aunque con funciones diferentes. Según advierten fuentes sindicales, el anterior Ejecutivo blindó a algunos de sus responsables contratándoles como personal laboral. Si se les hubiera aplicado la normativa para altos directivos, su salida de dichas sociedades públicas se habría producido de forma automática tras el cambio electoral que constataron los comicios de 2015 en la Comunidad Valenciana.

No es la única anomalía en la agenda de UGT, que también quiere poner fin a la introducción de complementos desproporcionados en las empresas que se sitúan en la órbita de la Generalitat. Con la publicación de la relación de puestos de trabajo se pretende homogeneizar precisamente las condiciones de los empleados que integran los entes públicos.

El fallo, que se dictó el pasado 16 de noviembre, acredita que el Gobierno valenciano ha incumplido la obligación de dar a conocer esta información antes del pasado 30 de junio, el plazo máximo fijado en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos autonómicos de 2015. En el acto de conciliación, los representantes jurídicos de la Generalitat atribuyeron las demoras a la complejidad de reunir esta información. Pero los magistrados rechazan este argumento en el desarrollo de la sentencia: <<Entendemos que todas las entidades demandadas tenían la obligación de publicar las relaciones de puestos de trabajo, tal y como las mismas reconocieron en el acto del juicio y en los plazos indicados en esa normativa, sin que la complejidad de su realización por el personal afectado y su distinto régimen jurídico pueda justificar esa falta de publicación (...)>>.

Hasta ahora, el Ejecutivo valenciano ha aprobado la ordenación de las plantillas de 11 sociedades vinculadas a la Administración regional, si bien ascienden a 27 las obligadas a presentar sus relaciones. Entre las 16 pendientes figuran las empresas públicas demandadas, si bien la dirección de Sector Público ha avanzado en la tramitación de estos documentos en el caso del EIGE y del IVAM, según fuentes de la Conselleria de Hacienda. Desde el Gobierno autonómico se insiste en que los problemas se concentran en las empresas resultantes de los procesos de fusión que se acometieron en tiempos del PP. Aquí conviven distintos convenios colectivos.

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