La factura digital refuerza el control en pagos de Administración y proveedores

 21/11/2013
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La factura electrónica servirá a Hacienda para atajar de una vez el problema de los impagos de las Administraciones a sus proveedores y, a su vez, el de las deudas de estos con sus acreedores públicos. El secretario general técnico del Ministerio, David Mellado, incidió ayer en que, con su puesta en marcha, España va más allá del necesario saneamiento de las cuentas públicas y se autoexigirá un nivel de morosidad bajo a partir del año que viene.

Eleconomista.es 21.11.13

En el marco de la jornada sobre el Proyecto de Ley de la factura electrónica, organizada por la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (Fide), Mellado explicó que con la creación del registro contable de facturas digitales ese control sobre la morosidad lo ejercerá también el ciudadano, que sabrá quién paga en tiempo y forma y quién no.

La factura electrónica permitirá aflorar las deudas cruzadas entre administraciones y proveedores. Por un lado, Hacienda podrá bloquear el abono de facturas pendientes a aquellos proveedores que no estén al día en sus pagos a la Seguridad Social o a la Agencia Tributaria. A la vez y en el caso de que el sector público incumpla el plazo de pago que le impone la nueva Ley de Morosidad (no deberá exceder los 30 días desde 2014), Hacienda podrá detraer a los ayuntamientos o comunidades morosos los recursos que le corresponden a través del sistema de financiación, y abonar con ellos las facturas impagadas.

Obligatorio en enero de 2015

Desde el 1 de enero de 2014 estará disponible la tecnología necesaria para que cualquier proveedor pueda facturar a la Administración por vía telemática, un procedimiento que será obligatorio a partir del 15 de enero de 2015 para los proveedores con facturas que superen los 5.000 euros. Para reducir costes al máximo, la ley opta por un único formato de factura que podrá descargarse de forma gratuita a través de la página web de la Agencia Tributaria.

La identificación por parte de la empresa se hará a través de un sello electrónico. Al mismo tiempo, el proveedor deberá reflejar en ese documento digital tanto el número de la oficina contable a la que va dirigida la factura, como el número del órgano de control (dos datos que le facilitará la propia Administración a la que presta servicio).

El Gobierno pondrá en marcha un punto único de entrada de facturas para todo el Estado. A él podrán adherirse las autonomías y entidades locales que lo deseen, de forma que Hacienda exigirá a las Administraciones que opten por poner en marcha su propio punto único, que justifiquen que es más eficiente económicamente que el del Estado.

Ese punto de entrada es un mero "buzón ordenado" que registrará de forma automática la factura y la enviará al órgano contable correspondiente. El propio sistema rechazará las que no se ajusten a los criterios establecidos, o que no incluyan toda la información requerida. Los proveedores podrán tener acceso al historial de sus facturas, pero no al registro contable.

El Gobierno calcula que en 2015, el primer año de puesta en marcha de la factura electrónica, el sistema logrará una reducción de los costes administrativos próxima a los 39 millones de euros. Cuando se haya introducido plenamente ese ahorro será de 51 millones.

Mellado hizo hincapié en que la ley ha contado con un consenso importante entre los grupos políticos, en tanto, que no ha sido objeto de ninguna enmienda a la totalidad. En su opinión, la tramitación de la misma está yendo muy bien, lo que permitirá que esté aprobada definitivamente antes de que concluya este año.

Según datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), en España 170.000 autónomos son proveedores habituales de la Administración. Esta cifra supera el medio millón si se incluye a los trabajadores por cuenta propia subcontratados para ofrecer algún tipo de servicio al sector público. A lo largo de 2012 y a pesar de la crisis, las empresas españolas procesaron 56 millones de facturas electrónicas, frente a los 12 millones tramitados en 2009, de acuerdo con la información de la que dispone el sector de la facturación digital.

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