Las entidades locales de Castilla y León cuentan con un déficit de 329 puestos de interventor

 17/12/2013
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Las entidades locales de Castilla y León cuentan con un déficit de 329 puestos de interventor o secretario-interventor con habilitación estatal para las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria y de la contabilidad de los ayuntamientos, mientras que en el ámbito nacional son 1.274 las plazas sin cubrir para ese cometido.

leonoticias.com 16.12.13

Así se recoge en el informe del Consejo de Cuentas sobre análisis de la organización del control interno de la gestión económico-financiera y contable de las entidades locales de Castilla y León, con especial incidencia en el personal que tiene atribuida esa función, enmarcado en el Plan Anual de Fiscalizaciones de 2012 de la institución, entregado hoy en las Cortes para su debate en la Comisión de Hacienda.

El informe estima un déficit nacional de al menos 1.274 efectivos, que resulta de la diferencia entre los puestos reservados y el número existente, que en el caso de Castilla y León se ha realizado sobre los 1.243 puestos reservados de carácter obligatorio y da un saldo negativo de 329, que representa un 26,5 por ciento del total.

Según el informe del Consejo de Cuentas, ese déficit se concentra de forma mayoritaria en la subescala secretaría-intervención, con unas necesidades de 281 funcionarios, si bien en términos relativos los puestos de intervención son los que tienen mayor déficit, con un 33,8 por ciento. De las 329 vacantes, un total de 305 se corresponde con puestos de funcionarios de control interno y contabilidad, de ellas 281 en secretaría-intervención y 24 en intervención.

Con fecha 22 de febrero de 2013, el número de funcionarios estatales que se encontraba prestando servicio en los puestos reservados a las entidades locales en Castilla y León era de 974, que supone el 13,9 por ciento del total de los efectivos de ámbito nacional. En los puestos de control interno y contabilidad eran 875, el 89 por ciento del total, de ellos 60 pertenecientes a la subescala de intervención-tesorería. Esta distribución está relacionada con el mapa de entidades locales de la Comunidad, donde tienen presencia mayoritaria los municipios con población inferior a 5.001 habitantes.

Entre 2008-2012 la Comunidad ha convocado un total de 78 plazas, todas para el acceso a la subescala de secretaría-intervención. Como resultado de las pruebas han accedido 66 funcionarios, que representan el 10,6 por ciento de las plazas convocadas. Respecto a la subescala de secretaría-intervención Castilla y León es la segunda Comunidad, después de Cataluña, en número de plazas convocadas, con un 22,9 por ciento.

El informe concluye que la aprobación del presupuesto de las entidades locales no está condicionada por la forma de provisión, ya sea definitiva o temporal, de estos puestos, pero considera que sí incide en las fases de aprobación de la liquidación del presupuesto y de la cuenta general. Al respecto, reconoce que presentan mejores resultados aquellas entidades que tienen cubiertos sus puestos mediante nombramiento definitivo y añade que esa diferencia se mantiene, aunque en mejor grado, en la rendición de la cuenta general.

Recomendaciones

Como recomendaciones, el Consejo de Cuentas insta al desarrollo del Estatuto Básico de la Función Pública y las normas reglamentarias estatales para dotar de mayor seguridad jurídica al régimen del ejercicio de las funciones públicas necesarias en las entidades locales y a las formas de provisión y desempleo de los puestos reservados a funcionarios estatales. En el mismo sentido, cree que las Cortes o la Junta deben valorar la posibilidad de dictar leyes de función pública y las normas correspondientes.

También considera al Consejo que la administración del Estado debe revisar el actual régimen jurídico en la oferta de empleo que afecte a los FHE y que el Gobierno asuma la convocatoria de empleo para cubrir las vacantes existentes. En su defecto, cree que la administración central y las autonómicas deben establecer fórmulas de coordinación para definir y cuantificar, con criterios de ámbito estatal, las necesidades de recursos humanos a incluir en todas las ofertas de empleo público.

Según el Consejo, todo ello debe conducir a una planificación adecuada de las necesidades de recursos humanos para garantizar la cobertura de los puestos reservados existentes y dotar de estabilidad a quienes prestan estas funciones en las entidades locales y recomienda a la Junta mayor control en el ejercicio de las funciones públicas de las entidades locales. Así, insta a depurar los registros para subsanar las deficiencias de información puestas de manifiesto en el informe.

También insta a crear agrupaciones de puestos de intervención para municipios con población inferior a 5.0001 habitantes y menos de tres millones de euros de presupuesto para evitar que una carga de trabajo en secretaría afecte a las funciones de control interno y contabilidad. Además, recomienda habilitar, con apoyo de las nuevas tecnologías, procedimientos rápidos y eficaces que permitan a estos funcionarios optar a nombramientos provisionales, garantizando su preferencia sobre los de carácter subsidiario.

Igualmente, entiende que la nueva normativa de la función pública debería acotar al máximo los nombramientos de carácter temporal para el desempeño de los puestos reservados a personal carente de la habilitación estatal. Por otro lado, cree que los nombramientos accidentales producen ineficiencias, dadoq ue su finalidad es dar una solución rápida, y que la competencia debe pasar de las comunidades a la entidad local en aquellos casos en los que la duración se prevea reducida.

Por último, el Consejo recuerda que el informe se remitió a la Consejería de la Presidencia y a las diputaciones provinciales para que presenten alegaciones. En el plazo establecido se han recibido alegaciones de Presidencia y de la Diputación de Palencia y se ha emitido informe motivado que ha servido de base para su aceptación o desestimación.

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