Un total de 33 ayuntamientos españoles sacan 'sobresaliente' en transparencia

 24/01/2013
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Los ayuntamientos de Alcobendas, Bilbao, Gandía, Gijón, Oviedo, Ponferrada, San Cugat del Vallés y Torrent son los más transparentes de España, según concluye el cuarto Índice de Transparencia de los Ayuntamientos, que elabora la organización Transparencia Internacional España a partir del análisis de 80 indicadores de seis áreas de transparencia aplicados a los 110 mayores consistorios del país.

20minutos.es 23.01.13

En esta ocasión, según explica la organización, hasta 33 corporaciones locales han obtenido una puntuación de "sobresaliente" en transparencia (en 2010 fueron 21), esto es, 90 puntos o más sobre 100; entre estos ayuntamientos se encuentran los de Burgos, Madrid, Pamplona, Soria o León. A la cola de la tabla se encuentran, entre otros, los ayuntamientos de Ciudad Real (15 puntos), Teruel (16,3) o Telde (Gran Canaria) (17,5).

La organización ha tenido en cuenta para elaborar este ranking la información sobre la corporación, las relaciones con los ciudadanos, la transparencia económico-financiera, la transparencia en las contrataciones de servicios, la transparencia en materias de urbanismo y obras públicas y, por último y como novedad, la información que va a ser obligatoria según el proyecto de Ley de Transparencia, que se está tramitando en las Cortes.

La información se recaba mediante cuestionarios que se envían a los consistorios y que ya contienen datos obtenidos de manera "previa y externa" por la organización; los ayuntamientos tienen que completarla con información verificable -aportando su localización exacta- o darle el visto bueno sin más. Solo ocho consistorios no devolvieron el cuestionario: Algeciras, Almería, Ciudad Real, Huelva, Jaén, Teruel, Valencia y Zamora.

La media más alta, para Asturias

La media general en el total de áreas analizadas para todos los ayuntamientos es de 70,9 puntos (en 2008 fue 52,1 y en 2010 de 70,2); la comunidad autónoma con una media más alta es Asturias (tres ayuntamientos), con 98,8 puntos, y la más baja es Extremadura (dos ayuntamientos), con 32,5 puntos. Los 50 ayuntamientos que pertenecen a capitales de provincia alcanzan una media de 67,2 puntos, mientras que la de los otros 60 es de 74 puntos.

Más de 40 ayuntamientos obtienen una media de 100 puntos, el máximo, en el apartado de transparencia económico financiera. Ocho ayuntamientos, entre los que se encuentran el de Zamora, el de Teruel, el de Telde o el de Mijas, obtienen cero puntos en este apartado. En cuanto a la transparencia en materias de urbanismo y obras públicas, el ayuntamiento que menor media tiene es Ciudad Real, con 5,9 puntos.

Teruel, Huelva y Cáceres no obtienen ningún punto de media cuando se analizan los indicadores de la nueva Ley de Transparencia. Estos indicadores, añadidos este año, son los que menos cumplen los ayuntamientos: la media del área es de 57,4 puntos, mientras que la correspondiente al apartado de Urbanismo es la más alta, con 77,6 puntos.

Las puntuaciones medias alcanzadas, en general, han sido ligeramente más altas que en 2010, explica la organización, en cuyo consejo directivo se encuentran Jesús Lizcano Alvarez -presidente-, Antonio Garrigues Walker, Jesús Sánchez-Lambás y Manuel Villoria Mendieta, que han presentado los resultados.

Auditorías "sin utilidad"

Por otro lado, Sánchez Lambás, vicepresidente segundo de la Fundación Ortega-Marañón, ha asegurado durante el acto de presentación de los resultados que su organización cree que las auditorías encargadas por el PP para investigar sus cuentas tras las noticias sobre su extesorero Luis Bárcenas "no tienen ninguna utilidad", ya que "si la sustancia es oscura no tiene reflejo en la contabilidad".

Ha añadido que si en una institución hay "indicios de delito" lo que hay que utilizar son "mecanismos de investigación. En este mismo sentido, el presidente de Transparencia Internacional-España, Jesús Lizcano, ha comentado que las auditorías internas no le convencen, mientras que las externas aunque "son mejores" se hacen "sobre documentos legalizados y no sobre los que haya podido haber en situación irregular".

Aunque se ha mostrado "escéptico" a la hora de hacer auditorías en un partido político, ha comentado que tampoco "vienen mal", aunque ha comentado que es necesario que la información se transfiera "en tiempo real". Los casos de corrupción "no favorecen" a la imagen de España en el exterior, por lo que Lizcano ha considerado necesario poner "coto", ya que se pueden ver perjudicadas empresas españolas que operan en otros países.

Respecto a si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debe ofrecer explicaciones ante el Parlamento sobre las cuentas en Suiza de Bárcenas, su regularización fiscal y el supuesto pago de sobresueldos en el partido, el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Villoria, ha dicho que ello es una decisión que corresponde al PP.

Hay que "aplicar la ley"

En cuanto al anuncio de Rajoy de que propondrá a las fuerzas políticas un gran pacto contra la corrupción para intentar avanzar en nuevas medidas contra esta lacra, Sánchez Lambás ha dicho que ello es "un salto adelante" y lo que hay que hacer es "aplicar la ley" y trabajar sobre aspectos éticos.

El patrono vitalicio de la Fundación Orterga-Marañón, Antonio Garrigues Walker se ha referido al proyecto de Ley de Transparencia y buen gobierno, que se tramita en el Congreso, y ha dicho que aunque se ha tardado mucho ahora parece que "se empieza a debatir con urgencia". A juicio de Garrigues Walker, la Ley de Transparencia debe recoger el "derecho de los ciudadanos a conocer los datos básicos de todas las instituciones" que les representan.

Villoria ha avanzado que van a pedir que los partidos políticos se "autoincluyan" en la Ley, como hacen todas las instituciones públicas, y ha añadido que también se debería incluir a la Casa Real, aunque sobre la misma ha dicho que en los últimos tiempos "ha mejorado mucho su nivel de transparencia". El catedrático de la Rey Juan Carlos ha señalado también que España necesita de un "sistema de denuncias abiertas" en el que se proteja al denunciante.

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